El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Nuria Gisela Gonzales Romero y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, la mañana de hoy realizaron la presentación del Tercer Reporte del “Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal” en el que destacaron las acciones asumidas por cada institución dentro de los procesos judiciales relacionados a los delitos de Feminicidio, Infanticidio y Violación Sexual de Infante, Niña, Niño o Adolescente y mujeres, dentro de los cuáles se realizó el intercambio de información, análisis del seguimiento y monitoreo de procesos penales.
“Este reporte no solo evidencia los resultados de una labor comprometida, sino también el profundo compromiso que tenemos con la protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Sigamos adelante con nuestra misión, convencidos de que la justicia y la protección de los derechos humanos son la base de una sociedad realmente justa”, destacó Mariaca.
Asimismo, refirió que se cumplieron con las recomendaciones del segundo reporte por parte de la Fiscalía General del Estado que realizó el fortalecimiento de la Fiscalías Departamentales y Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juvenil, el incremento de 106 Fiscales de Materia que fueron incorporados al Ministerio Público, además de la incorporación de psicólogos forenses en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el seguimiento y priorización de atención a delitos contra la vida como Feminicidios e Infanticidios.
También se abarcó el fortalecimiento en Justicia Penal Juvenil por lo que se efectuó inspecciones a las Fiscalías Especializadas que permitieron realizar ajustes en políticas y procedimientos para una gestión efectiva, justa y respetuosa. Al mismo tiempo el Fiscal General ratificó el compromiso del Ministerio Público en la priorización de la persecución penal en delitos de violencia sexual contra niñas niños y adolescentes.
A su turno, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, realizó la presentación de las acciones encaradas por esa instancia como el cumplimiento de las recomendaciones del segundo reporte, el desarrollo de campañas de prevención y socialización de la violencia sexual, verificativos defensoriales en 18 Centro de Reintegración Social (CRS) donde se encuentran 727 adolescentes en conflicto con la Ley que cumplen detención preventiva o medidas socio – educativas, de los cuáles se observó siete casos donde se identificaron vulneración a los derechos.
Por su parte, la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Nuria Gisela Gonzales Romero, expuso en representación del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes Molina, que se realizó la verificación de procesos penales vigentes en cumplimiento al “Proyecto de Prevención contra la Retardación de Justicia en Procesos de Feminicidio e Infanticidio y sus Tentativas” en los distritos judiciales de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se pudo verificar un total de 2.394 procesos, siendo el delito Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente Art. 308 Bis y Agravada el de mayor incidencia con un 68,21% y las mayores cargas procesales concentradas en las etapas procesales de juicio y preliminar con un total del 63,96%.
En relación a los procesos penales de Adolescentes con Responsabilidad Penal en cumplimiento al “Proyecto de Prevención contra la Retardación de Justicia en Procesos de Feminicidio e Infanticidio y sus Tentativas” fueron aplicados en los distrito judiciales de Cochabamba y Santa Cruz se tiene una total de 381 procesos con 433 infractores.
La presentación del Tercer Reporte del “Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal” se llevó adelante en el marco de un Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional suscrito entre las tres instituciones para la creación del Observatorio que se convierte en una instancia de información, intercambio y análisis del seguimiento y monitoreo de procesos penales por los delitos de Feminicidio, Infanticidio y Violencia Sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, además de delitos cometidos por adolescentes con responsabilidad penal.
El Observatorio también se enfoca en la recopilación y análisis de datos, así como en la elaboración de recomendaciones para mejorar las políticas públicas y la respuesta institucional ante estas problemáticas. Asimismo, promueve la sensibilización de la sociedad sobre la gravedad de estos delitos y la importancia de la justicia en la protección de los Derechos Humanos de las víctimas.