También está pendiente de aprobación la ley de manillas electrónicas, una norma que contribuirá el descongestionamiento del sistema penitenciario.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional se bloquea la reforma judicial con el estancamiento en su aprobación de leyes como la modificación de tipos penales, las manillas electrónicas y el Código Procesal Agroambiental, que forman parte de informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Las iniciativas legales hacen parte de las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre derechos humanos en Bolivia. “Este informe pide que el Estado boliviano actúe, pero no el Órgano Ejecutivo, la mayor parte de las recomendaciones e incumplimientos están en la Asamblea Legislativa”, explicó en Bolivia Tv.
Por ejemplo, la aprobación del Código Procesal Agroambiental se encuentra estancada en la Asamblea Legislativa.
“Bolivia ha sido un país innovador en el mundo, ni siquiera en la región, ha creado un Tribunal Agroambiental, establecido en 2009, y en 15 años no cuenta con un Código Procesal Agroambiental. La norma ha sido trabajada por el Órgano Ejecutivo, junto al Tribunal Agroambiental, fue socializada y hace más de dos años está esperando el tratamiento en la Asamblea”, reveló.
También está pendiente de aprobación la ley de manillas electrónicas, una norma que contribuirá el descongestionamiento del sistema penitenciario, donde la mayoría permanece con detención preventiva, y apunta a proteger a las mujeres víctimas de violencia.
“Se trata de dar la oportunidad a esa persona a defenderse en libertad y que continúe trabajando para mantener a su familia, pero que tenga una manilla electrónica o una tobillera que permita al Estado garantizar que esa persona violenta no se acerque a la víctima, a sus familiares y no continúe cometiendo delitos”, explicó.
Según datos oficiales, al menos 1.000 privados de libertad están detención preventiva por incumplir el pago de asistencia familiar.
“La Asamblea Legislativa tiene sin aprobación leyes tan fundamentales, como el Código Procesal Agroambiental, la ley de mejora del sistema de asistencia familiar y la modificación de los tipos penales”, explicó.
También están trabados los ajustes o cambios en el tipo penal de terrorismo, tortura y financiamiento al terrorismo y otros delitos, otro tema que está en el informe de la CIDH.
“El año pasado, nosotros remitimos el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, que incluía el tipo de legitimación de ganancias ilícitas, actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en tratamiento legislativo”, informó.
En reuniones periódicas que tiene el Gobierno con la CIDH, los comisionados han pedido trabajar más con la Asamblea Legislativa. “Hemos propiciado en su última visita (en 2023) algunas de reuniones con asambleístas porque hay una preocupación regional, en una asamblea que lejos de producir leyes, lo que hace es bloquear el desarrollo, bloquear créditos y bloquear leyes que son del interés del pueblo boliviano”, cuestionó.
En el informe internacional también se recomienda mejorar la protección a niños y mujeres con la aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos. En este caso, el Gobierno envió al Legislativo el proyecto para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores, pero Diputados lo rechazó por “motivos –denunció- meramente políticos”.
La norma volverá a ser presentada al Legislativo, teniendo en cuenta su importancia. La iniciativa legal surgió luego de revelarse violaciones del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas a estudiantes del colegio Juan XXIII de Cochabamba. La revelación hizo se conocieran de otros casos, donde están involucrados religiosos.
Lima reiteró que en el informe de la CIDH no se habla de perseguidos políticos, como pretenden hacer ver algunos políticos.
“En Bolivia no hay presos políticos ni perseguidos políticos”, aseguró y añadió: “Es una más de las mentiras permanentemente tratan de tergiversar la información y construir una posverdad”.
Por el contrario, la CIDH recuerda al Estado su obligación de sancionar, investigar y llevar en un debido proceso de enjuiciamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, como los ocurridos en 2019.