El ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó la desinformación que se generó en torno al Decreto Supremo 5143 sobre la modernización de Derecho Reales (DDRR) y remarcó que solo se buscaba simplificar los trámites para luchar contra la extorsión y la corrupción.
“El Decreto 5143 fue aprobado porque debemos garantizar que el pueblo boliviano tenga seguridad jurídica (…). Buscábamos la transparencia, buscábamos que no exista la extorsión”, dijo Lima en conferencia de prensa acompañado del presidente Luis Arce y del Pacto de Unidad.
Aseveró que, luego de 14 años de vigencia de la Ley 025, era necesario regular y modernizar el sistema para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica con la creación de un registro único.
De esa manera se protegería la propiedad pública y privada de “quienes crean inseguridad, corrupción y avasallamiento, esas organizaciones criminales que se apropian de terrenos ajenos, públicos y avasallan la propiedad lograda con esfuerzo y trabajo honesto”.
Reveló que, actualmente, existen 38 sistemas informáticos que no le dan seguridad al pueblo boliviano y, por ello, con el decreto supremo ahora abrogado, se buscaba la implementación de un sistema único.
“Es necesario el fortalecimiento y la seguridad del sistema informático de Derechos Reales, por eso la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) iba a contribuir al Consejo de la Magistratura a tener un sistema sólido”, señaló.
La Constitución Política del Estado garantiza la propiedad privada, en su artículo 56 y 57 “no permite ninguna la posibilidad de que ningún Decreto Supremo afecte a la propiedad de ningún ciudadano, de ninguna familia boliviana”, remarcó Lima.
“Se ha buscado pleno respeto de la Constitución Política del Estado y la Constitución señala, en el artículo 298, que el sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal deben garantizar la propiedad a los bolivianos”, añadió.
Enfatizó en que la propiedad privada y pública debe ser segura, no deben existir loteamientos, ni avasallamientos.
“No puede haber estelionato, ni apropiación de la propiedad pública, ni privada por los loteadores, por los corruptos y los malos funcionarios”, enfatizó.