domingo, septiembre 8

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admite denuncia por el delito de usurpación de funciones en instituciones del Órgano Judicial

Fiscalía

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó la tarde este jueves, que la Unidad de Análisis de la Fiscalía de la capital, admitió la denuncia interpuesta por diputados y senadores de Comunidad Ciudadana, en contra de autor o autores, por la probable comisión del delito de Usurpación de Funciones dentro los máximos Tribunales del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Mediante proveído 003/2024 el Fiscal General, doctor Juan Lanchipa Ponce, remitió a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, la denuncia interpuesta por senadores y diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana, instruyendo que la Unidad de Análisis ejerza su facultad prevista en el art. 55 de la Ley 260; es por eso mismo, que el suscrito Fiscal Departamental, conforme a procedimiento, dispuso se remitan todos los antecedentes a la Unidad de Análisis, siendo que dicha Unidad, me acaba de informar, que luego de realizar el test de admisibilidad conforme establece el artículo 55 de la Ley Nº 260, se ha admitido esta denuncia inicialmente en contra de autor y autores, por la presunta comisión del delito de Usurpación de Funciones, previsto y sancionado por el artículo 163 del Código Penal y para llevar adelante la investigación se ha conformado una comisión integrada por tres Fiscales de Materia”, señaló Nava Morales.

La autoridad añadió que, en la denuncia presentada los asambleístas solicitan identificar esta supuesta usurpación de funciones a partir del 3 de enero de 2024, contra servidores públicos de alto rango del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a los antecedentes de la denuncia, en diciembre de la gestión 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la prórroga de las altas autoridades hasta que se realicen nuevas elecciones judiciales, previo cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.