El Gobierno nacional, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró que el reciente informe de la CIDH no hace referencia a “presos políticos” o “persecución política”. Desmintió la declaración del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
“Es importante aclarar que el informe de la CIDH es un informe general con referencia a la justicia y sus recomendaciones, no habla de ‘persecución política’ ni de ‘presos políticos’. El señor Camacho hizo referencia a eso, pero es una publicación completamente falsa”, aseguró ayer la viceministra en una conferencia de prensa desde Santa Cruz.
Alcón explicó que en ninguna parte del informe se aborda el planteamiento que hace Camacho, quien escribió en sus redes sociales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia”.
Es más, la autoridad invitó a los periodistas a revisar dicho informe, que está colgado en la página del Ministerio de Justicia y en la misma plataforma de la comisión interamericana.
Comisión
La CIDH publicó el jueves el informe Cohesión social: el desafío de la consolidación de la democracia en Bolivia, en el que hace un análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país desde 2006 y los avances que logró el Estado Plurinacional en la disminución de la pobreza, la exclusión social y la brecha de las desigualdades, sobre todo de género y otros aspectos, luego de demandas históricas recogidas y plasmadas en la Constitución por campesinos e indígenas, además de mujeres en 2009, después de la Asamblea Constituyente.
El organismo recomienda como desafío resolver la polarización política y la reforma judicial.
El documento aborda aspectos sociales, económicos y políticos y hace una serie de recomendaciones, las mismas que surgen de la visita a Bolivia que hicieron los representantes de esta entidad en marzo de 2023.
Alcón expuso que estas recomendaciones están siendo tomadas en cuenta por el Gobierno y que las mismas se hacen, también, a otras regiones.
Desafío
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que las recomendaciones de la CIDH representan para la sociedad una “gran oportunidad” en el avance y consolidación de los derechos humanos, aunque varias de sus sugerencias ya tienen un avance en el país.
“La cohesión es el desafío para la democracia boliviana (…) La CIDH nos está planteando que es esencial para el país el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y nos está pidiendo la implementación de un plan estratégico para la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, enfatizó.
Masacres de 2019: la Comisión Interamericana recuerda que es una obligación investigar y sancionar las graves violaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que las “obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable. Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad”, indica el informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia, publicado el jueves.
La comisión observa que algunas de las personas que consideran estar presas por motivos políticos en el país enfrentan procesos penales por delitos graves, incluyendo genocidio.
“Esto incluye a las personas acusadas por su posible responsabilidad penal en las masacres perpetradas durante 2019”, apunta el informe.
Han transcurrido tres años desde la detención de la exsenadora Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta en noviembre de 2019. Sin embargo, las heridas causadas por su breve pero sangriento régimen continúan frescas en la memoria del pueblo boliviano, sobre todo en los pobladores de Sacaba, Cochabamba y Senkata, El Alto, que claman por justicia.
La Fiscalía General del Estado concluyó en octubre de 2023, en el marco del juicio penal denominado Golpe I, la investigación en ambos casos.