A dos años de vigencia del Decreto Supremo (DS) 4732, cuyo objetivo es proteger a los bolivianos y frenar las cláusulas y prácticas comerciales “abusivas” en contratos de preventa de bienes inmuebles, se restituyó con Bs 2.140.842,42 a las víctimas de inmobiliarias, mediante acuerdos conciliatorios.
“Con los acuerdos se han logrado restituir 2.140.842,42 bolivianos en favor de consumidores que han solicitado la devolución de sus dineros porque ya querían continuar con la preventa debido a que se incumplió con el plazo y se han visto perjudicados”, informó este lunes el viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.
Explicó que de los Bs 2.140.842,42 — alcanzados a escala nacional por la restitución a los afectados en 636 denuncias desde 2022 hasta el presente año — $us 1.262,640,95 están fraccionados en dólares.
Bajo esa línea, contó que los proveedores de las inmobiliarias ofrecían a sus víctimas, entregarles los departamentos en seis meses, uno y dos años. “Han pasado, en muchos casos, algunos años y la gente estaba desesperada de recuperar su dinero y a través del DS se logró convocar a los proveedores, a los empresarios; y que estos puedan restituir el dinero en favor de los consumidores”.
El DS 4732 fue implementado el 1 de junio de 2022 y surgió como respuesta por parte del Gobierno nacional a los diferentes hechos de denuncias sobre corrupción y denuncias de estafas, que se daban desde el sector inmobiliario.
El decreto está enfocado a resguardar, a proteger los derechos de usuarios y consumidores que demandan a veces el servicio de una inmobiliaria, para adjudicarse un bien inmueble o a veces requieren el bien inmueble, directamente.
“Consideramos que los resultados nos están dando a conocer que el DS 4732 está cumpliendo su objetivo, está cumpliendo con las expectativas de la población, protegiéndolos”, afirmó Silva.
Asimismo, descalificó las aseveraciones de algunos dirigentes de los sectores del transporte y gremial, que piden la abrogación de esta norma.
“En ninguno de los dos años hemos recibido una sola queja, un solo reclamo por algún transportista o gremialista que se haya visto afectado por este decreto o que haya tenido que venir a pedir permiso para vender o comprar una casa”, aseguró el viceministro.