El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, exigió el pago de 3.005.280 dólares a favor del Estado boliviano para la reparación del daño ocasionado por el caso Misiles Chinos, cuya sentencia determinó desembolsar este monto a los ocho demandados.
“La Procuraduría General del Estado (PGE) avanza en sus procesos, ya estamos en plena etapa de ejecución de la sentencia del caso Misiles Chinos. Como procuraduría, no solo estamos exigiendo que se ejecutoríe el pago de más de 3 millones de dólares, sino que se haga la ejecución de los bienes embargados de los sentenciados”, informó.
En esa línea, la autoridad dio a conocer que la PGE interpuso la “ejecución de bienes embargados”, misma que señala textualmente: “solicito respetuosamente se disponga la ejecución de los bienes embargados preventivamente, conforme a derecho, por la Defensa de los Intereses del Estado”.
El Procurador Condori detalló que en total se tienen seis bienes embargados de los sentenciados. “Por lo tanto, se está tomando los recaudos necesarios para que de una vez el Tribunal ejecute y consigamos la reparación de los 3 millones de dólares a favor del Estado”
La Procuraduría General del Estado inició el proceso judicial de reparación del daño junto con el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército ante el Juzgado de Sentencia 2 que, en noviembre de 2023, emitió la Resolución que ordena el pago de 3.005.280 dólares por parte de los ocho sentenciados del caso Misiles Chinos.
Entre los sentenciados se encuentran el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; el excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez Ortiz; exinspector general del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; el exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, y el excomandante en Jefe de las FFAA, almirante Marco Justiniano Escalante.
Este caso se remonta a octubre de 2005, cuando 36 misiles chinos, propiedad del Ejército boliviano, fueron entregados irregularmente a la Embajada de Estados Unidos para ser desactivados. La razón para esta entrega fue que había preocupaciones sobre su posible uso en actos terroristas.
Los misiles volvieron a Bolivia desmantelados en 2006 porque Estados Unidos consideraba que representaban un riesgo para su seguridad. La desactivación fue realizada por especialistas estadounidenses, bajo el argumento de que el Ejército boliviano no contaba con la experiencia necesaria para hacerlo.