Iván Arias, autoridad edil paceña, tiene detención domiciliaria por un proceso iniciado en su contra por una exfuncionaria de su gestión. A pesar de ello continúa desarrollando actividades como alcalde. Argumenta que aún no fue notificado.
Durante la mañana, Arias hizo una inspección de obras en el río Irpavi, en la zona Sur de la urbe, y continuará trabajando a lo largo del día.
“Todavía no hemos sido notificados y apelamos a esa sentencia, esperemos que en el transcurso de las siguientes horas nos den una enmienda porque no puede ser que nos den una detención domiciliaria, el alcalde tiene que trabajar”, aseveró en un contacto con radio Erbol.
Las puertas del Palacio Consistorial amanecieron bloqueadas por llantas. Los funcionarios municipales protestaron por la decisión de la justicia. Esto porque en estas instalaciones sesiona el Concejo Municipal y buscaban impedir que esta instancia elija a un suplente para el actual burgomaestre, como lo indican las leyes.
A ellos se unieron comerciantes cuyas asociaciones se identificaron como pertenecientes a vendedores de las ferias navideñas. Sin embargo, según un reporte de Bolivia TV, los dirigentes afirmaban que además de los pedidos del sector estaban en las calles para apoyar al alcalde, mientras que los afiliados de base dijeron que esto no era cierto y que su movilización no tiene nada que ver con ese tema.
Según el abogado constitucionalista Israel Quino, Arias no podrá ejercer su cargo a distancia, como lo hace Luis Fernando Camacho, por diversas razones. Pero quien vaya a sustituirlo tendrá que ser de su propia alianza política.
La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez Del Castillo, coincidió con Quino y explicó que, como brigada opositora, esta situación no les brinda ninguna ventaja o beneficio y que son más bien los concejales de Por el Bien Común – Somos Pueblo, la alianza que llevó a Arias a la silla edil, quienes se estarían “frotando las manos”.
Este es solo uno de los procesos judiciales que enfrenta el alcalde, en esta ocasión por violencia política contra una mujer. La denunciante es Jaqueline Chavarría, exsubalcaldesa del Macrodistrito Centro, quien denunció públicamente actos de corrupción por parte de otros funcionarios cercados a Arias, y en lugar de apoyo recibió amedrentamientos, un despido ilegal y acusaciones de que ella misma sería corrupta.
Fuente: AEP