La incautación de seis cisternas que desviaron 3,6 millones de litros de gasolina y diésel y el descubrimiento de una “mini planta” clandestina de carburantes en El Alto, es resultado del Decreto Supremo 4910, que hace que estos vehículos cuenten con GPS, afirmó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.
“Esto es producto del Decreto 4910 que ha permitido que ahora las cisternas tengan su GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y a través de eso, durante dos meses, hemos hecho un trabajo de Inteligencia con la Dirección Nacional de Inteligencia y la Central Especial de Investigación”, explicó en contacto con Cadena A.
La noche del martes, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que un trabajo de Inteligencia permitió intervenir una “mini planta” clandestina de diésel en El Alto, donde se incautó seis cisternas que desviaron alrededor de 3,6 millones de litros de carburantes valuados en Bs 15 millones.
Al respecto, el director de la ANH explicó que se trata del operativo infraganti más grande que se llevó a cabo en el marco de las políticas de lucha contra el contrabando de combustibles que son subvencionados en el país.
No se descarta que esos 3,6 millones de litros (dos millones de litros de diésel y 1,6 millones de litros de gasolina) hayan sido desviados para la minería ilegal o actividades ilícitas, para las cuales el litro cuesta a Bs 10.
“Ya hablamos de una organización criminal (…). Pedimos a la Fiscalía hacer seguimiento de estos casos, que se puedan acelerar y podamos dar con los hechos reales de cómo se ha generado este tipo de eventualidades. Vamos a ampliar las investigaciones”, dijo.
Jiménez señaló que este tipo de casos son una muestra del porqué faltaron combustibles en algunos surtidores.
“No nos inventamos la sobredemanda que se ha generado en estos últimos días de casi 10 millones de litros. Solo hoy (por el martes), en este inmueble, hemos incautado más de 100.000 litros”, protestó.
En abril de 2023, el Gobierno nacional aprobó los decretos supremos 4910 y 4911, para luchar contra el contrabando de combustibles. Con estas normativas se busca evitar que alrededor de 250 millones de litros de carburantes se desvíen a actividades ilícitas por año.